En abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, afirmó lo siguiente: “Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos, contribuirán ustedes al desarrollo de los derechos humanos”. Siete años después, el historial de China en materia de derechos humanos muestra pocos signos de mejora, según un informe publicado por Amnistía Internacional.
Se esperaba que los Juegos sirvieran de catalizador para llevar a cabo reformas, pero gran parte de la intensa represión de que están siendo objeto actualmente los activistas y periodistas se está produciendo no a pesar de las Olimpiadas, sino debido a ellas en realidad, según el informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico. (ver informe)
En el informe se pone también de relieve la reciente represión ejercida por las autoridades chinas contra manifestantes en el Tíbet, que ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos desde el 10 de marzo de 2008. Las autoridades chinas han recurrido, según informes, a medidas como uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluso con medios letales; detenciones arbitrarias, e intimidación.
En respuesta a los disturbios se ha detenido a centenares de personas, que están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad chinas, especialmente las acusadas de actividades “separatistas”.
El bloqueo casi total impuesto a los medios de comunicación en el Tíbet y las zonas circundantes no sólo hace que resulte difícil confirmar los informes que se reciben, sino que constituye también un incumplimiento de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación” durante los preparativos de las Olimpiadas.
En China también se encuentran recluidos muchos activistas, que han sido llevados a juicio por motivos políticos y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Un creciente número de personas están sometidas a arresto domiciliario. Se imputan delitos muy generales y de definición poco precisa, como “separatismo”, “subversión” y “robo de secretos de Estado” para procesar a personas que desarrollan actividades legítimas y pacíficas en favor de los derechos humanos.
Delincuentes condenados a muerte en un juicio público en Zhuzhou,
en provincia de Hunan, en el centro de China, diciembre de 2006.© Particular
en provincia de Hunan, en el centro de China, diciembre de 2006.© Particular
En el informe de Amnistía Internacional se insta a las autoridades chinas a que:
· Proporcionen de inmediato acceso al Tíbet y las zonas circundantes a investigadores de la ONU y observadores independientes;
· Pongan fin a la detención arbitraria, intimidación y hostigamiento de activistas;
· Dejen de utilizar la detención administrativa con fines punitivos;
· Permitan informar completa y libremente a todos los periodistas en toda China;
· Dejen en libertad a todos los presos de conciencia, y reduzcan el número de delitos por los que pueda imponerse la pena de muerte, con miras a su abolición.
