ESCUELAS SEGURAS: Un derecho de las niñas

Quería ir a la escuela, pero necesitábamos dinero para comprar comida y ropa. Mi madre no había recibido ninguna educación. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña. Así que tenía que cuidar de mí misma y no había dinero para ir a la escuela.

Declaración de una mujer romaní de Macedonia
(República surgida de la antigua Yugoslavia)

La joven entrevistada no pudo ir al colegio. Pero en el caso de haber podido hacerlo, posiblemente se hubiera enfrentado a una situación de violencia y discriminación, en su caso, doble: por mujer y por romaní.

Amnistía Internacional reconoció el pasado 25 de noviembre, en el marco de una quincena contra la violencia de género las preocupaciones sobre el derecho a la educación para las niñas.

Muchas niñas de todo el mundo van a la escuela (en el caso de que puedan hacerlo) temiendo por su seguridad, aterradas por sufrir un trato humillante y violento, esperando simplemente superar un día más.

LAS AUTORIDADES NO ACTÚAN

Con demasiada frecuencia, las autoridades responden a la violencia en las escuelas con la inacción. Cuando una niña denuncia un incidente de violencia, especialmente de violencia sexual, a menudo se juzga su comportamiento, más que el de la persona a la que acusa.

La educación es un derecho humano, y garantizar el acceso a ella sin violencia es responsabilidad del Estado. Según el derecho internacional, el Estado debe garantizar, como mínimo, el acceso universal a la educación básica. Esa obligación no se cumple si las niñas no se sienten seguras en la escuela.

LAS AUTORIDADES EN MUCHOS PAISES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA MACEDIONIA, POR EJEMPLO, NO GARANTIZAN EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA; COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SÓLO ENCUENTRAN TRABAJO EN LA ECONOMÍA SUMERGIDA, SIN LA PROTECCIÓN DE LAS LEYES LABORALES O DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Amnistía Internacional ha enviado a las autoridades educativas de todo el mundo propuestas para poner fin a la violencia contra las niñas en las escuelas, que incluyen desde la prohibición de castigos corporales, hasta la eliminación de tasas que dificultan el acceso a la educación o la existencia de instalaciones higiénicas separadas.

©PA/AP Photo/Bodgan Maran

1. Prohibir todas las formas de violencia contra las niñas, entre ellas los castigos corporales, los insultos, el hostigamiento, la violencia física, el maltrato emocional, y la violencia y explotación sexuales.



2. Hacer que las escuelas sean lugares seguros para las niñas, mediante planes de acción nacionales destinados a abordar la violencia contra las niñas vinculada con la escuela. Los planes deberán incluir directrices para los institutos de enseñanza, formación obligatoria para docentes y estudiantes, la designación de una autoridad gubernamental responsable de la prevención e investigación de incidentes de violencia y la asignación de fondos públicos adecuados para abordar el problema. Se debe garantizar que las escuelas cuentan con instalaciones higiénicas separadas para niñas y varones, dormitorios seguros y patios de recreo y campos de deporte adecuadamente supervisados.



3. Responder a los incidentes de violencia contra las niñas, mediante mecanismos de presentación de informes confidenciales e independientes, investigaciones eficaces, enjuiciamientos cuando proceda y servicios para víctimas y sobrevivientes. Garantizar que todos los incidentes de violencia contra las niñas son denunciados y que se deja constancia de ellos en registros, y que las escuelas no emplean a personas condenadas por violación, agresión sexual u otros delitos contra menores.



4. Proporcionar servicios de apoyo a las niñas víctimas de violencia, incluidos servicios de asesoramiento; tratamiento médico; información sobre el VIH/sida, medicamentos y servicios de apoyo; información integral sobre derechos sexuales y reproductivos, y apoyo para la reintegración al sistema escolar de niñas seropositivas, embarazadas, casadas o que han sido madres.



5. Derribar las barreras que impiden el acceso de las niñas a la educación, eliminando todas las cuotas, directas o indirectas, que se cobren por la asistencia a la escuela primaria, haciendo que la escuela secundaria sea accesible a todo el mundo e implantando programas que garanticen el acceso de las niñas pertenecientes a grupos marginados.



6. Proteger a las niñas de los abusos, elaborando y haciendo cumplir códigos de conducta para todo el personal docente y el alumnado de las escuelas. Proporcionar formación al personal en materia de estrategias de intervención temprana para abordar el hostigamiento y la violencia contra las niñas en la escuela.
   
   Campaña escuelas seguras:
   
   Ver el informe de Amnistía Internacional
   Macedonia: La inacción del gobierno macedonio, a la hora de defender los derechos de las mujeres y niñas romaníes (Índice AI: EUR 65/003/2007)
   
   
   

Preocupación por la amenaza de Pena de Muerte en Guatemala: Un revés a los Derechos Humanos

En días pasados el Parlamento guatemalteco aprobó, por abrumadora mayoría, una ley que restituye al Presidente del país la potestad de conceder o no el “recurso de gracia” a los reos condenados a pena de muerte, con lo que se reactiva el cumplimiento de esta norma, suspendida desde hace seis años.

La ley restituye al jefe de Estado la facultad de conceder o rechazar las peticiones de “gracia” presentadas en última instancia por los reos condenados a la pena capital, de los que actualmente hay 34 en las penitenciarías.

La diputada del Partido Patriota Roxanna Baldetti declaró que “los altos niveles de violencia que padece la sociedad guatemalteca justifican la aplicación de la pena de muerte para castigar a los delincuentes que cometen delitos”.

Amnistía Internacional pidió al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, rechazar la ley aprobada por el Parlamento de este país que restableció la pena de muerte y recordó que Guatemala votó en la Organización de las Naciones Unidas en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones, lo cual contradice la decisión del Parlamento de revivir esa penalización en la legislación guatemalteca.

Desafortunadamente El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, ha declarado que “respetará la decisión de los tribunales y anunciado que no concederá el indulto a los reos que lo soliciten”.

La agencia de noticias EFE informó sobre los trabajos de “reacondicionamiento” que se hace en el pabellón de la muerte en la cárcel de Guatemala a fin de que pueda volver a ser utilizada.

Walter Rivera, quien cumple una sentencia de 50 años de prisión por secuestro,sirvió de “modelo” para probar las correas de cuero. Foto: EFE

Amnistía Internacional sostiene que la Pena de Muerte es el trato más cruel inhumano y degradante que existe ya que castiga al ser humano negando el derecho fundamental a la vida.

©Amnistía Internacional Campaña Mundial por los Derechos Humanos

Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos del mundo a:

1. Suspender inmediatamente todas las ejecuciones
2. La conmutación de todas las penas de muerte pendientes
3. Que a toda persona acusada de un delito sancionable con la pena de muerte se le proporcione los medios necesarios para que sea juzgada con todas las garantías, según lo establecido en el Derecho internacional, por un tribunal competente, independiente e imparcial
4. Se observe el derecho de toda persona condenada a muerte a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior
5. Se respete el derecho de toda persona condenada a muerte a solicitar el indulto a la conmutación de la pena
6. Que no se imponga la pena capital a personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito
7. En los países en donde aún se aplica la pena de muerte, se solicita que no se extienda más allá de “los delitos que ya se castigan con la pena capital”, buscando frenar la tendencia de mayor aplicación
8. No se aplique la pena de muerte en el caso de personas que hayan perdido la razón
9. Una mayor aplicación de medidas de gracia en los casos de pena capital
10. La restricción progresiva del número de delitos penados con la muerte
11. La creación de comisiones oficiales u organismos similares encargados de estudiar aspectos de la pena de muerte, tales como la relación con las tasas de criminalidad, su aplicación discriminatoria a diversos sectores de la sociedad, así como la conveniencia de penas alternativas
12. La abolición de la pena de muerte

Pekín 2008: El listón de los Derechos Humanos

©AP Photo/Ng Han Guan

Cuando China fue seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos, las autoridades prometieron que el evento sería una oportunidad para desarrollar el respeto hacia los derechos humanos en el país. A pocos meses del inicio de los Juegos, la llama de la antorcha olímpica se ensombrece.

Estos juegos se enmarcan en graves violaciones a los Derechos Humanos, esto va en contra de los principios fundamentales de la Carta Olímpica. China debe responder al desafío y hacer realidad los ideales olímpicos.

Amnistía Internacional pudo documentar durante 2007 el incremento de violaciones a los Derechos Humanos en China.

©Dublin

Tenemos plena confianza en que la celebración de los Juegos Olímpicos de 2008 en China no sólo promoverá nuestra economía sino que también mejorará todas las condiciones sociales, incluidas la educación, la salud y los derechos humanos.Wang Wei,
Secretario General del Comité para la Candidatura de Pekín a las Olimpiadas de 2008

Los motivos de preocupación en materia de los Derechos Humanos en China son:

Pena de Muerte

En China se llevan a cabo más ejecuciones que en el conjunto de los demás países del mundo. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calcula que, en 2006, en China se ejecutó a no menos de 1.010 personas y se condenó a muerte a 2.790. Se cree que las cifras reales son mucho más elevadas; recientemente, un jurista chino calculó que el índice anual de ejecuciones era de aproximadamente 8.000. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante un disparo en la nuca y, de modo creciente, por inyección letal. Muchos de los delitos punibles con la muerte –unos 68– son delitos no violentos, como evadir impuestos, hacer contrabando y organizar actividades de prostitución.

Juicios carentes de garantías

El sistema judicial dista mucho de ajustarse a las normas. Entre sus carencias figuran la falta de acceso pronto a representación letrada para las personas detenidas, la persistencia del uso sistemático de la tortura y los malos tratos por la policía para obtener confesiones, el uso de información extraída mediante tortura como prueba en juicios y las injerencias políticas en la labor de la judicatura.

Tortura

Aunque es posible que su uso haya disminuido en algunas zonas urbanas, la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica generalizada. La aplicación de descargas eléctricas, la suspensión por los brazos, los puntapiés y golpes, y la privación de alimentos y del sueño son métodos habituales.

Denegación de derechos laborales

La Federación de Sindicatos de Toda China, agrupación oficial, suele permanecer inactiva a la hora de proteger los intereses de sus miembros, y los sindicatos independientes siguen siendo ilegales. La exigüidad de la remuneración de los trabajadores, la falta de pago de los salarios, los despidos masivos, las malas condiciones laborales y la corrupción en las prácticas de gestión han causado una oleada de conflictos laborales a los que las autoridades han respondido a menudo con actos de intimidación y, a veces, detenciones y prolongadas penas de prisión. Los migrantes internos que se trasladan desde zonas rurales a las ciudades en busca de trabajo siguen enfrentados a la discriminación generalizada en lo relativo al acceso al empleo, los servicios de salud y la educación para sus hijos e hijas en comparación con la población urbana.

“Reeducación por el trabajo”

Se trata de una forma de detención impuesta sin cargos ni juicio durante periodos de hasta cuatro años, que a menudo conlleva duras condiciones de reclusión y se usa en el caso de personas que, en opinión de la policía, han cometido delitos que no son lo suficientemente graves como para que se los castigue en aplicación del Código Penal. Se utiliza con frecuencia contra pequeños delincuentes y personas que han criticado al gobierno o que profesan creencias religiosas proscritas. La policía de Pekín ha utilizado la celebración de las Olimpiadas como pretexto para ampliar el alcance de la “reeducación por el trabajo” con el fin de “limpiar” la ciudad antes del evento.

Persecución de personas por sus creencias

Las autoridades chinas siguen reprimiendo las creencias religiosas practicadas fuera de las vías oficiales. Es frecuente que se detenga a miembros de iglesias católicas no autorizadas o de iglesias protestantes clandestinas que rinden culto en domicilios particulares. Entre otros grupos en peligro figura la comunidad musulmana de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, especialmente aquellos a quienes las autoridades califican de “extremistas religiosos”, y miembros del movimiento espiritual Falun Gong, proscrito en 1999 por considerárselo una organización herética. Desde entonces se ha privado de libertad a decenas de miles de sus seguidores.

Hostigamiento de personas que defienden los derechos humanos

Las autoridades han seguido hostigando a los activistas que formulan críticas en torno a cuestiones consideradas demasiado delicadas desde el punto de vista político o que tratan de embarcar a otras personas en su causa. Algunos han sido encarcelados, a menudo por cargos vagamente definidos de “subversión” o “filtración de secretos de Estado”, y otros están recluidos en sus propios domicilios bajo estrecha vigilancia policial. Entre ellos hay profesionales del derecho y el periodismo, activistas sobre el VIH/SIDA, activistas de los derechos laborales, campesinos que protestan por la confiscación de sus tierras y familiares de víctimas de muerte o discapacidad durante la ofensiva de 1989 contra el movimiento democrático. A medida que se aproxima la fecha de los Juegos Olímpicos, el hostigamiento de activistas parece ir en aumento.

Represión del uso de Internet y de los medios de comunicación

Se bloquean o proscriben centenares de sitios web, se filtran los resultados de las búsquedas y se somete a censura a quienes utilizan palabras como “libertad”, “derechos humanos”, “Tíbet” y “Amnistía Internacional”. Asimismo, se ha encarcelado a usuarios de Internet tras juicios carentes de garantías, a menudo por cargos vagamente definidos como “subversión” o “filtración de secretos de Estado”. Con al menos 30 periodistas y 50 usuarios de Internet entre rejas, las organizaciones que trabajan por la libertad de prensa han calificado a China de “la mayor cárcel del mundo para los periodistas”. Las personas que ejercen el periodismo en el ámbito nacional se enfrentan a fuertes restricciones y censura, y quienes investigan asuntos considerados delicados desde el punto de vista político se arriesgan a perder su empleo y a ser víctimas de intimidación, hostigamiento o detención.

Protestas de Tiananmen en 1989: encarcelamiento prolongado

Se ha devuelto la libertad a muchas personas detenidas durante la ofensiva desatada en 1989 contra el movimiento democrático, pero se cree que decenas siguen en prisión 18 años después. Los familiares y otras personas que luchan para que se haga justicia siguen enfrentándose a la restricción de sus actividades, que incluye hostigamiento y vigilancia policial. Toda mención pública de los sucesos del 4 de junio de 1989 en periódicos, sitios web y otros medios de comunicación sigue sometida a censura.

Sin-kiang y Tíbet

La comunidad de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, predominantemente musulmana uigur, se ve sometida a una dura represión. Las autoridades chinas se han valido del pretexto del extremismo religioso para cerrar mezquitas, prohibir ciertos libros y encarcelar a los llamados “terroristas, separatistas y extremistas religiosos” tras juicios carentes de garantías. En Tíbet la libertad de expresión, religión y asociación sigue sujeta a fuertes restricciones. Decenas de presos de conciencia, entre ellos monjes y monjas budistas, permanecen en prisión.

©Dublin
Agentes de policía patrullan la plaza Tiananmen
el 1 de Octubre de 2005, Día Nacional de China

©Jeff Widener/AP/PA Photos
Plaza Tiananmen 1989

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