Preocupación por la amenaza de Pena de Muerte en Guatemala: Un revés a los Derechos Humanos

En días pasados el Parlamento guatemalteco aprobó, por abrumadora mayoría, una ley que restituye al Presidente del país la potestad de conceder o no el “recurso de gracia” a los reos condenados a pena de muerte, con lo que se reactiva el cumplimiento de esta norma, suspendida desde hace seis años.

La ley restituye al jefe de Estado la facultad de conceder o rechazar las peticiones de “gracia” presentadas en última instancia por los reos condenados a la pena capital, de los que actualmente hay 34 en las penitenciarías.

La diputada del Partido Patriota Roxanna Baldetti declaró que “los altos niveles de violencia que padece la sociedad guatemalteca justifican la aplicación de la pena de muerte para castigar a los delincuentes que cometen delitos”.

Amnistía Internacional pidió al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, rechazar la ley aprobada por el Parlamento de este país que restableció la pena de muerte y recordó que Guatemala votó en la Organización de las Naciones Unidas en favor de una suspensión mundial de las ejecuciones, lo cual contradice la decisión del Parlamento de revivir esa penalización en la legislación guatemalteca.

Desafortunadamente El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, ha declarado que “respetará la decisión de los tribunales y anunciado que no concederá el indulto a los reos que lo soliciten”.

La agencia de noticias EFE informó sobre los trabajos de “reacondicionamiento” que se hace en el pabellón de la muerte en la cárcel de Guatemala a fin de que pueda volver a ser utilizada.

Walter Rivera, quien cumple una sentencia de 50 años de prisión por secuestro,sirvió de “modelo” para probar las correas de cuero. Foto: EFE

Amnistía Internacional sostiene que la Pena de Muerte es el trato más cruel inhumano y degradante que existe ya que castiga al ser humano negando el derecho fundamental a la vida.

©Amnistía Internacional Campaña Mundial por los Derechos Humanos

Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos del mundo a:

1. Suspender inmediatamente todas las ejecuciones
2. La conmutación de todas las penas de muerte pendientes
3. Que a toda persona acusada de un delito sancionable con la pena de muerte se le proporcione los medios necesarios para que sea juzgada con todas las garantías, según lo establecido en el Derecho internacional, por un tribunal competente, independiente e imparcial
4. Se observe el derecho de toda persona condenada a muerte a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior
5. Se respete el derecho de toda persona condenada a muerte a solicitar el indulto a la conmutación de la pena
6. Que no se imponga la pena capital a personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito
7. En los países en donde aún se aplica la pena de muerte, se solicita que no se extienda más allá de “los delitos que ya se castigan con la pena capital”, buscando frenar la tendencia de mayor aplicación
8. No se aplique la pena de muerte en el caso de personas que hayan perdido la razón
9. Una mayor aplicación de medidas de gracia en los casos de pena capital
10. La restricción progresiva del número de delitos penados con la muerte
11. La creación de comisiones oficiales u organismos similares encargados de estudiar aspectos de la pena de muerte, tales como la relación con las tasas de criminalidad, su aplicación discriminatoria a diversos sectores de la sociedad, así como la conveniencia de penas alternativas
12. La abolición de la pena de muerte