©AP Photo/Ng Han GuanCuando China fue seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos, las autoridades prometieron que el evento sería una oportunidad para desarrollar el respeto hacia los derechos humanos en el país. A pocos meses del inicio de los Juegos, la llama de la antorcha olímpica se ensombrece.
Estos juegos se enmarcan en graves violaciones a los Derechos Humanos, esto va en contra de los principios fundamentales de la Carta Olímpica. China debe responder al desafío y hacer realidad los ideales olímpicos.
Amnistía Internacional pudo documentar durante 2007 el incremento de violaciones a los Derechos Humanos en China.
Estos juegos se enmarcan en graves violaciones a los Derechos Humanos, esto va en contra de los principios fundamentales de la Carta Olímpica. China debe responder al desafío y hacer realidad los ideales olímpicos.
Amnistía Internacional pudo documentar durante 2007 el incremento de violaciones a los Derechos Humanos en China.
©DublinTenemos plena confianza en que la celebración de los Juegos Olímpicos de 2008 en China no sólo promoverá nuestra economía sino que también mejorará todas las condiciones sociales, incluidas la educación, la salud y los derechos humanos.Wang Wei,
Secretario General del Comité para la Candidatura de Pekín a las Olimpiadas de 2008
Secretario General del Comité para la Candidatura de Pekín a las Olimpiadas de 2008
Los motivos de preocupación en materia de los Derechos Humanos en China son:
Pena de Muerte
En China se llevan a cabo más ejecuciones que en el conjunto de los demás países del mundo. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calcula que, en 2006, en China se ejecutó a no menos de 1.010 personas y se condenó a muerte a 2.790. Se cree que las cifras reales son mucho más elevadas; recientemente, un jurista chino calculó que el índice anual de ejecuciones era de aproximadamente 8.000. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante un disparo en la nuca y, de modo creciente, por inyección letal. Muchos de los delitos punibles con la muerte –unos 68– son delitos no violentos, como evadir impuestos, hacer contrabando y organizar actividades de prostitución.
Juicios carentes de garantías
El sistema judicial dista mucho de ajustarse a las normas. Entre sus carencias figuran la falta de acceso pronto a representación letrada para las personas detenidas, la persistencia del uso sistemático de la tortura y los malos tratos por la policía para obtener confesiones, el uso de información extraída mediante tortura como prueba en juicios y las injerencias políticas en la labor de la judicatura.
Tortura
Aunque es posible que su uso haya disminuido en algunas zonas urbanas, la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica generalizada. La aplicación de descargas eléctricas, la suspensión por los brazos, los puntapiés y golpes, y la privación de alimentos y del sueño son métodos habituales.
Denegación de derechos laborales
La Federación de Sindicatos de Toda China, agrupación oficial, suele permanecer inactiva a la hora de proteger los intereses de sus miembros, y los sindicatos independientes siguen siendo ilegales. La exigüidad de la remuneración de los trabajadores, la falta de pago de los salarios, los despidos masivos, las malas condiciones laborales y la corrupción en las prácticas de gestión han causado una oleada de conflictos laborales a los que las autoridades han respondido a menudo con actos de intimidación y, a veces, detenciones y prolongadas penas de prisión. Los migrantes internos que se trasladan desde zonas rurales a las ciudades en busca de trabajo siguen enfrentados a la discriminación generalizada en lo relativo al acceso al empleo, los servicios de salud y la educación para sus hijos e hijas en comparación con la población urbana.
“Reeducación por el trabajo”
Se trata de una forma de detención impuesta sin cargos ni juicio durante periodos de hasta cuatro años, que a menudo conlleva duras condiciones de reclusión y se usa en el caso de personas que, en opinión de la policía, han cometido delitos que no son lo suficientemente graves como para que se los castigue en aplicación del Código Penal. Se utiliza con frecuencia contra pequeños delincuentes y personas que han criticado al gobierno o que profesan creencias religiosas proscritas. La policía de Pekín ha utilizado la celebración de las Olimpiadas como pretexto para ampliar el alcance de la “reeducación por el trabajo” con el fin de “limpiar” la ciudad antes del evento.
Persecución de personas por sus creencias
Las autoridades chinas siguen reprimiendo las creencias religiosas practicadas fuera de las vías oficiales. Es frecuente que se detenga a miembros de iglesias católicas no autorizadas o de iglesias protestantes clandestinas que rinden culto en domicilios particulares. Entre otros grupos en peligro figura la comunidad musulmana de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, especialmente aquellos a quienes las autoridades califican de “extremistas religiosos”, y miembros del movimiento espiritual Falun Gong, proscrito en 1999 por considerárselo una organización herética. Desde entonces se ha privado de libertad a decenas de miles de sus seguidores.
Hostigamiento de personas que defienden los derechos humanos
Las autoridades han seguido hostigando a los activistas que formulan críticas en torno a cuestiones consideradas demasiado delicadas desde el punto de vista político o que tratan de embarcar a otras personas en su causa. Algunos han sido encarcelados, a menudo por cargos vagamente definidos de “subversión” o “filtración de secretos de Estado”, y otros están recluidos en sus propios domicilios bajo estrecha vigilancia policial. Entre ellos hay profesionales del derecho y el periodismo, activistas sobre el VIH/SIDA, activistas de los derechos laborales, campesinos que protestan por la confiscación de sus tierras y familiares de víctimas de muerte o discapacidad durante la ofensiva de 1989 contra el movimiento democrático. A medida que se aproxima la fecha de los Juegos Olímpicos, el hostigamiento de activistas parece ir en aumento.
Represión del uso de Internet y de los medios de comunicación
Se bloquean o proscriben centenares de sitios web, se filtran los resultados de las búsquedas y se somete a censura a quienes utilizan palabras como “libertad”, “derechos humanos”, “Tíbet” y “Amnistía Internacional”. Asimismo, se ha encarcelado a usuarios de Internet tras juicios carentes de garantías, a menudo por cargos vagamente definidos como “subversión” o “filtración de secretos de Estado”. Con al menos 30 periodistas y 50 usuarios de Internet entre rejas, las organizaciones que trabajan por la libertad de prensa han calificado a China de “la mayor cárcel del mundo para los periodistas”. Las personas que ejercen el periodismo en el ámbito nacional se enfrentan a fuertes restricciones y censura, y quienes investigan asuntos considerados delicados desde el punto de vista político se arriesgan a perder su empleo y a ser víctimas de intimidación, hostigamiento o detención.
Protestas de Tiananmen en 1989: encarcelamiento prolongado
Se ha devuelto la libertad a muchas personas detenidas durante la ofensiva desatada en 1989 contra el movimiento democrático, pero se cree que decenas siguen en prisión 18 años después. Los familiares y otras personas que luchan para que se haga justicia siguen enfrentándose a la restricción de sus actividades, que incluye hostigamiento y vigilancia policial. Toda mención pública de los sucesos del 4 de junio de 1989 en periódicos, sitios web y otros medios de comunicación sigue sometida a censura.
Sin-kiang y Tíbet
La comunidad de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, predominantemente musulmana uigur, se ve sometida a una dura represión. Las autoridades chinas se han valido del pretexto del extremismo religioso para cerrar mezquitas, prohibir ciertos libros y encarcelar a los llamados “terroristas, separatistas y extremistas religiosos” tras juicios carentes de garantías. En Tíbet la libertad de expresión, religión y asociación sigue sujeta a fuertes restricciones. Decenas de presos de conciencia, entre ellos monjes y monjas budistas, permanecen en prisión.
Pena de Muerte
En China se llevan a cabo más ejecuciones que en el conjunto de los demás países del mundo. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calcula que, en 2006, en China se ejecutó a no menos de 1.010 personas y se condenó a muerte a 2.790. Se cree que las cifras reales son mucho más elevadas; recientemente, un jurista chino calculó que el índice anual de ejecuciones era de aproximadamente 8.000. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante un disparo en la nuca y, de modo creciente, por inyección letal. Muchos de los delitos punibles con la muerte –unos 68– son delitos no violentos, como evadir impuestos, hacer contrabando y organizar actividades de prostitución.
Juicios carentes de garantías
El sistema judicial dista mucho de ajustarse a las normas. Entre sus carencias figuran la falta de acceso pronto a representación letrada para las personas detenidas, la persistencia del uso sistemático de la tortura y los malos tratos por la policía para obtener confesiones, el uso de información extraída mediante tortura como prueba en juicios y las injerencias políticas en la labor de la judicatura.
Tortura
Aunque es posible que su uso haya disminuido en algunas zonas urbanas, la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica generalizada. La aplicación de descargas eléctricas, la suspensión por los brazos, los puntapiés y golpes, y la privación de alimentos y del sueño son métodos habituales.
Denegación de derechos laborales
La Federación de Sindicatos de Toda China, agrupación oficial, suele permanecer inactiva a la hora de proteger los intereses de sus miembros, y los sindicatos independientes siguen siendo ilegales. La exigüidad de la remuneración de los trabajadores, la falta de pago de los salarios, los despidos masivos, las malas condiciones laborales y la corrupción en las prácticas de gestión han causado una oleada de conflictos laborales a los que las autoridades han respondido a menudo con actos de intimidación y, a veces, detenciones y prolongadas penas de prisión. Los migrantes internos que se trasladan desde zonas rurales a las ciudades en busca de trabajo siguen enfrentados a la discriminación generalizada en lo relativo al acceso al empleo, los servicios de salud y la educación para sus hijos e hijas en comparación con la población urbana.
“Reeducación por el trabajo”
Se trata de una forma de detención impuesta sin cargos ni juicio durante periodos de hasta cuatro años, que a menudo conlleva duras condiciones de reclusión y se usa en el caso de personas que, en opinión de la policía, han cometido delitos que no son lo suficientemente graves como para que se los castigue en aplicación del Código Penal. Se utiliza con frecuencia contra pequeños delincuentes y personas que han criticado al gobierno o que profesan creencias religiosas proscritas. La policía de Pekín ha utilizado la celebración de las Olimpiadas como pretexto para ampliar el alcance de la “reeducación por el trabajo” con el fin de “limpiar” la ciudad antes del evento.
Persecución de personas por sus creencias
Las autoridades chinas siguen reprimiendo las creencias religiosas practicadas fuera de las vías oficiales. Es frecuente que se detenga a miembros de iglesias católicas no autorizadas o de iglesias protestantes clandestinas que rinden culto en domicilios particulares. Entre otros grupos en peligro figura la comunidad musulmana de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, especialmente aquellos a quienes las autoridades califican de “extremistas religiosos”, y miembros del movimiento espiritual Falun Gong, proscrito en 1999 por considerárselo una organización herética. Desde entonces se ha privado de libertad a decenas de miles de sus seguidores.
Hostigamiento de personas que defienden los derechos humanos
Las autoridades han seguido hostigando a los activistas que formulan críticas en torno a cuestiones consideradas demasiado delicadas desde el punto de vista político o que tratan de embarcar a otras personas en su causa. Algunos han sido encarcelados, a menudo por cargos vagamente definidos de “subversión” o “filtración de secretos de Estado”, y otros están recluidos en sus propios domicilios bajo estrecha vigilancia policial. Entre ellos hay profesionales del derecho y el periodismo, activistas sobre el VIH/SIDA, activistas de los derechos laborales, campesinos que protestan por la confiscación de sus tierras y familiares de víctimas de muerte o discapacidad durante la ofensiva de 1989 contra el movimiento democrático. A medida que se aproxima la fecha de los Juegos Olímpicos, el hostigamiento de activistas parece ir en aumento.
Represión del uso de Internet y de los medios de comunicación
Se bloquean o proscriben centenares de sitios web, se filtran los resultados de las búsquedas y se somete a censura a quienes utilizan palabras como “libertad”, “derechos humanos”, “Tíbet” y “Amnistía Internacional”. Asimismo, se ha encarcelado a usuarios de Internet tras juicios carentes de garantías, a menudo por cargos vagamente definidos como “subversión” o “filtración de secretos de Estado”. Con al menos 30 periodistas y 50 usuarios de Internet entre rejas, las organizaciones que trabajan por la libertad de prensa han calificado a China de “la mayor cárcel del mundo para los periodistas”. Las personas que ejercen el periodismo en el ámbito nacional se enfrentan a fuertes restricciones y censura, y quienes investigan asuntos considerados delicados desde el punto de vista político se arriesgan a perder su empleo y a ser víctimas de intimidación, hostigamiento o detención.
Protestas de Tiananmen en 1989: encarcelamiento prolongado
Se ha devuelto la libertad a muchas personas detenidas durante la ofensiva desatada en 1989 contra el movimiento democrático, pero se cree que decenas siguen en prisión 18 años después. Los familiares y otras personas que luchan para que se haga justicia siguen enfrentándose a la restricción de sus actividades, que incluye hostigamiento y vigilancia policial. Toda mención pública de los sucesos del 4 de junio de 1989 en periódicos, sitios web y otros medios de comunicación sigue sometida a censura.
Sin-kiang y Tíbet
La comunidad de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, predominantemente musulmana uigur, se ve sometida a una dura represión. Las autoridades chinas se han valido del pretexto del extremismo religioso para cerrar mezquitas, prohibir ciertos libros y encarcelar a los llamados “terroristas, separatistas y extremistas religiosos” tras juicios carentes de garantías. En Tíbet la libertad de expresión, religión y asociación sigue sujeta a fuertes restricciones. Decenas de presos de conciencia, entre ellos monjes y monjas budistas, permanecen en prisión.
©Dublin
Agentes de policía patrullan la plaza Tiananmen
el 1 de Octubre de 2005, Día Nacional de China
©Jeff Widener/AP/PA Photos
Plaza Tiananmen 1989
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